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Políticos feudales, policías vasallos

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Hace unos días se ha producido un hecho que evidencia la sociedad que somos, y que el Estado que debería protegernos puede actuar contra la ciudadanía como en tiempos feudales. El comportamiento de los políticos no tiene que ver con su ideología sino con la asunción del principio de autoridad que se arrogan por encima de la ley. Son miles los políticos que padecen el síndrome de Hubris o enfermedad del poder, que se manifiesta también en otras profesiones y ocasiona estragos allí donde aparece.

El caso en cuestión ha tenido lugar en el Parque de los Príncipes del barrio de Los Remedios y lo ha protagonizado el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla (PSOE), que solicita en un bar una mesa para 10 comensales, que era lo legalmente establecido, y el dueño por error entiende que lo máximo autorizado eran seis. Medios de comunicación recogen que el concejal insulta y amenaza al dueño, quien ordena a la Policía Local de Sevilla que hagan una inspección en el local. Dicen las noticias que se llevó a cabo durante cuatro horas; Los policías obedecieron.

Que un servidor público mantenga su cargo varios días después, tras comentarios racistas y xenófobos (“machupichu”) según informaciones de prensa, al dueño del bar y su abuso de poder nos califica como lo que somos: una sociedad de bueyes mansos, adormecida, de vasallos de los nuevos señores feudales, la Casta política que desangra el país. Este hecho, sin conocer al concejal y del que personas de confianza me dicen que lo publicado no es coherente con su carácter, me sirve para reflexionar sobre el uso de las policías por sus responsables políticos. Que dos días después del incidente el dueño del bar se reúna con el concejal y zanje el asunto diciendo que es un malentendido suena todavía peor. Suena a que el poder y su fuerza armada puede ser el arma coercitiva para que se doblegue y retire el amago de rebelión que había esbozado.

No es solo la Policía Local de Sevilla la que se comporta así, ocurre en todos los cuerpos de seguridad politizados a las órdenes de sus “amos” del color político que sea, que difiere en Cataluña, Sevilla, Madrid o cualquier otra ciudad y algunas comunidades. Ocurrió en Barajas recientemente, con la llegada de un avión y la dirigente de una dictadura que tiene prohibida la entrada en la UE, que aterrizó, se desplazó un ministro al aeropuerto y con la connivencia de los mandos de policía, estuvo donde la ley prohibía. Nadie controló si del avión se bajaron o no maleta y aunque existen videos de cámaras del aeropuerto, la justicia archivó el asunto sin visionarlas.

Los policías deberían estar más comprometidos con la legalidad y la protección de la ciudadanía, con los valores constituciones, sin dejarse manejar como mercenarios a la orden de los responsables políticos. Es lo mismo que ocurre con millones de identificados cada año en España ilegalmente, con detenciones preventivas en la vía pública, cacheos, interrogatorios… solo para rellenar la estadística de los comisarios.

De las policías podemos sentirnos orgullosos muchas veces cuando alguno de sus miembros actúa como un héroe, pero también avergonzados de ver a corruptos y canallas actuar como mercenarios obedientes inmunes a una mínima ética profesional. La casta política española, con pocas excepciones, está desacreditada ante la ciudadanía, que habla de ella con indiferencia y asco. Una sociedad que desconoce sus derechos civiles no es una democracia. Somos lo que parecemos: una partidocracia con señores feudales al mando.

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